El desafío de las metodologías colaborativas en los mundos afromexicanos. Una propuesta de trabajo

O desafio das metodologias colaborativas nos mundos afromexicanos. Uma proposta de trabalho

The challenge of collaborative methodologies in the afromexican worlds. A work proposal

Para citación de este artículo: Medina Carrasco, G. (2025). _{EL
DESAFÍO DE LAS METODOLOGÍAS COLABORATIVAS EN LOS MUNDOS
AFROMEXICANOS. UNA PROPUESTA DE TRABAJO}. Revista Masquedós, 10(14), 1-13. https://doi.org/10.58313/masquedos.2025v10.n14.441

En este texto se presenta una propuesta de trabajo de investigación colaborativa en el pueblo afromexicano con la finalidad de recuperar sus voces sobre el impacto del reconocimiento constitucional (2019) en sus realidades comunitarias y en su proceso de construcción como sujeto sociopolítico. Se parte de una problematización de la ausencia de cambio en su cotidianidad, de su mayor presencia en espacios de representación política y en el debilitamiento de sus bases organizacionales. Como parte de la metodología colaborativa, en sus distintas fases, enfatiza en la construcción de una atmósfera y articulación heterárquica en la investigación técnica de investigación y proceso de interpretación de la información recabada. Entre otros desafíos de la investigación colaborativa, se señalan las reticencias académicas para abandonar las metodologías basadas en la jerarquía sujeto-objeto y la desconfianza de las comunidades por la larga experiencia de expoliación cognitiva que ha caracterizado su relación con la academia.

Palabras clave: afromexicanos; transición epistémica; metodologías colaborativas; informantes; sujetos colaboradores; desafíos académicos, extensión crítica.

Este texto apresenta uma proposta de trabalho de pesquisa colaborativa na comunidade afro-mexicana com o objetivo de recuperar suas vozes sobre o impacto do reconhecimento constitucional (2019) em suas realidades comunitárias e em seu processo de construção como sujeito sociopolítico. Parte-se de uma problematização da ausência de mudança em seu cotidiano, de sua maior presença em espaços de representação política e do enfraquecimento de suas bases organizacionais. Como parte da metodologia colaborativa, em suas diferentes fases, enfatiza-se a construção de uma atmosfera e articulação heterárquica na pesquisa para potencializar a participação da comunidade no desenho, nas técnicas de pesquisa e no processo de interpretação das informações coletadas. Entre outros desafios da pesquisa colaborativa, destacam-se a relutância acadêmica em abandonar as metodologias baseadas na hierarquia sujeito-objeto e a desconfiança das comunidades devido à longa experiência de espoliação cognitiva que caracterizou sua relação com a academia e extensão crítica.

Palavras-chave: afro-mexicanos; transição epistêmica; metodologias colaborativas; informantes; sujeitos colaboradores; desafio acadêmicos.

This text presents a proposal for collaborative research work in the Afro-Mexican community with the aim of recovering their voices on the impact of constitutional recognition (2019) on their community realities and on their process of construction as a sociopolitical subject. It starts from a problematization of the absence of change in their daily lives, their greater presence in spaces of political representation, and the weakening of their organizational bases. As part of the collaborative methodology, in its different phases, it emphasizes the construction of a heterarchical atmosphere and articulation in the research to enhance community participation in the design, research techniques, and process of interpreting the information collected. Among other challenges of collaborative research, we note the reluctance of academics to abandon methodologies based on the subject-object hierarchy and the mistrust of communities due to the long history of cognitive exploitation that has characterized their relationship with academia and critical extension.

Keywords: Afro-Mexicans; epistemic transition; collaborative methodologies; informants; collaborating subjects; academic challenges; critical extension.

En las siguientes páginas se presenta una propuesta de metodología colaborativa. Con base en la experiencia adquirida en proyectos de investigación realizadas en la Costa Chica de Guerrero y en otros contextos interculturales, se plantea una ruta de trabajo que presenta fases y problemáticas de la investigación colaborativa. El trabajo inicia problematizando el impacto del reconocimiento constitucional que el estado mexicano le otorga al pueblo afromexicano en el año 2019, tanto en las realidades materiales y cotidianas de las localidades de la Costa Chica como en el movimiento afromexicano. Trabajos posteriores al reconocimiento (Medina s/f) muestran que ésta se ha traducido en una mayor visibilidad del pueblo afromexicano en la conversación social, en redes sociales y la agenda política; por otro lado, se plantea que también ha tenido efectos desmovilizadores en los territorios, fragilizando la capacidad organizativa y de interpelación política del movimiento afromexicano al estado.

Con base en esa problematización, se propone la necesidad de realizar una investigación para recabar la visión de las autoridades territoriales y activistas del movimiento afromexicano para comprender cómo perciben el proceso del reconocimiento y el impacto que éste ha generado en su vida cotidiana. Con la convicción de que la academia, a partir de la relación jerárquica que comporta la racionalidad científica en la relación con los sujetos en observación, tiende o puede caer en una sobreinterpretación (Eco 2013), se plantea realizar una propuesta de indagación colaborativa.

La propuesta señala los desafíos que comporta la necesaria transición epistémica hacia un diálogo de saberes; esto es, a la configuración de una plataforma epistémica y metodológica que se construya en conjunto con las comunidades y realidades sociales en observación. A su vez, se esbozan los desafíos que esta transición comporta en las distintas fases de la investigación para terminar resaltando que las metodologías colaborativas tienen que gestionar los desafíos académicos que subyacen a una academia que sigue atrapada en una mirada eurocéntrica y que no arriesga a construir un saber desde el sur global.

En suma, esta reflexión busca problematizar el trabajo académico que muestra sus limitaciones analíticas, toda vez que, escudándose en el método científico, ha naturalizado una reflexión exógena y jerárquica al reducir a los sujetos reales a informantes, negándoles su capacidad para construir exégesis de sus realidades y, de esta forma, se opone a transitar a una ecología de saberes que ofrece la posibilidad de construir un concimiento transdisciplinario.

Antes del reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano (agosto 2019), sus realidades eran la preocupación de activistas, autoridades territoriales y organizaciones sociales afromexicanas, también era el interés de un reducido grupo de académicos y de defensores de derechos humanos que, en distinto grado y planos, colaboramos en generar las condiciones para visibilizar el proceso de racialización y discriminación que padecían sus integrantes, tanto por las instituciones gubernamentales como por otros grupos de la sociedad mexicana. A partir de su reconocimiento, el pueblo afromexicano ha logrado posicionarse en distintos espacios de representación y ha comenzado a ser sujeto de atención de algunas iniciativas del estado mexicano, incluso participa y tiene representación en instancias internacionales.

Con todo, la mayor visibilidad política y social alcanzada a partir de año 2019 no se ha traducido en el acceso a mayores recursos y programas gubernamentales que permitan un mejoramiento de sus condiciones de vida, al menos en las comunidades de la Costa Chica del estado de Guerrero; del mismo modo, tampoco se ha traducido en el acceso a la justicia histórica y al desarrollo que sus autoridades territoriales exigieron en el proceso del reconocimiento constitucional. Sin duda, tales demandas son compartidas por la diáspora afrodescendiente organizada en la región latinoamericana y reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, lo que explicaría que el pasado 17 de diciembre del 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamara el Segundo Decenio Internacional para las personas Afrodescendientes, que se extiende desde el 1º de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre del 2034 (ONU 2024). Tal declaratoria buscaría otorgar algo de justicia a los descendientes de los africanos esclavizados en nuestra américa que históricamente han sido expulsados de las narrativas e imaginarios de los estado-nación de la región, pero también obedecería al incumplimiento de los objetivos del primer Decenio que, además de darles reconocimiento, exigió a los estados otorgar desarrollo y justicia para los afrodescendientes.

Es decir, a partir del reconocimiento constitucional el pueblo afromexicano ha logrado una valiosa visibilidad social, tanto en la narrativa pública (especialmente en redes sociales) como en la agenda gubernamental; narrativa que -no obstante- se ha caracterizado por tener cierto tono de exitismo autocomplaciente, en tanto no han existido cambios en los niveles locales de la institucionalidad pública, que continúa discriminando a una población que sigue sufriendo un proceso de racialización por funcionarios, especialmente de la primera línea de atención.

Por lo tanto, el pueblo afromexicano asiste a un espacio-tiempo que se podría calificar como de desplazamiento o transición, sobre el cual no existen elementos válidos y confiables para anticipar o especular y mucho menos concluir que sea un proceso que se concrete en (1) una mejora real de las precarias condiciones de vida de las comunidades afromexicanas -particularmente, las que habitan en la Costa Chica de Guerrero-, (2) en el acceso a una justicia reparatoria social e histórica y (3) a un desarrollo acorde a lo planteado por sus autoridades, esto es, “desde abajo o con las comunidades”.

Independientemente de las transformaciones señaladas, asociadas al reconocimiento constitucional en el plano normativo y en las narrativas institucionales, no existe claridad si ello ha coadyuvado al empoderamiento y autonomía política del sujeto afromexicano o, por el contrario, los actores principales del proceso que permitió el reconocimiento constitucional, los discursos predominantes y las formas de trabajar el reconocimiento ha devenido en la reproducción de un sujeto afromexicano subalternizado y sometido al proyecto de nación que se autoproclama única e indivisible y promueve una idea de país homogéneo. En la medida que estemos en presencia del segundo escenario, en términos de la reflexión decolonial, implicaría la consolidación del pueblo afromexicano como sujeto bestializado (Maldonado-Torres, 2007) y border (Medina 2017) que requiere el tutelaje del estado para lograr su integración al proyecto país; es decir, un sujeto reconocido por la institucionalidad, pero incapaz por sí mismo para confluir e interactuar con otros colectivos sociales y con la institucionalidad de país. Por lo tanto, se profundizaría la concepción de que, en tanto el pueblo afromexicano no tendría la capacidad para ejercer los derechos que el reconocimiento le ha conferido, el estado debería procurar asumir la responsabilidad sociopolítica de guiarlo para que alcance mayores niveles de desarrollo y de justicia.

En ese escenario, cabría problematizar cómo se están percibiendo en el propio movimiento afromexicano la nueva realidad política que han generado los dispositivos institucionales (leyes, discursos, espacios de representación política) que se activaron con el reconocimiento en la reconfiguración identitaria afromexicana (a partir de su inclusión en la constitución como sujeto parte de la nación), de sus formas de organización sociopolítica (en virtud de otorgarle cuotas en los espacios de representación política) y de los canales de interpelación al estado (por la prescripción de su existencia jurídica y sociopolítica).

En una dirección distinta a la indagación disciplinaria que, de suyo, parte de la convicción de que el investigador, con base en la generación de la data generada a través de las distintas técnicas de relevamiento de material de análisis (entrevistas, encuestas, grupos de discusión, registros etnográficos), es quien tiene la potestad de poder concluir sobre este fenómeno, en esta propuesta se parte de otro lugar epistémico, esto es, la construcción de un saber producido con base en generar las condiciones epistémicas que promueva una relación heterárquica (en oposición a la naturalizada relación jerárquica que sustenta el saber científico convencional). Aquí, por lo tanto, se promueve una epistemología sustentada en una ecología de saberes (Santos 2009) que impone construir un andamiaje epistémico metodológico relacional, cercano a la mirada de los sujetos afromexicanos que participen en la indagación y, por lo tanto, es una propuesta que problematiza la mirada jerárquica y experta (categorial) de la racionalidad científica. En términos metodológicos, se propone trabajar con base en una metodología colaborativa.

Impulsar una investigación/reflexión con base en una articulación con los sujetos de interés investigativo tiene precursores en distintos campos disciplinarios. Sólo por mencionar algunos, cabe destacar en el campo de la educación los tempranos trabajos de Lev Vygotsky en los años treinta, en los que propuso la noción de “zona de desarrollo próximo” para enfatizar que el aprendizaje significativo se da en interacción con el otro (Vygotsky 1995). En esta misma dirección, Paulo Freire (1970) propuso una educación dialógica, con base en las realidades y significaciones que los educandos tienen de su entorno y tiempo. En el ámbito propio de la investigación social, por su parte, se resaltan los trabajos de Fals Borda (1970 y 1985), en los que impulsó la Investigación Acción Participativa tanto en el medio rural como urbano popular y, para finalizar, cabría recuperar la propuesta de Santos (2009) que propone la noción de “ecología de saberes” que afirma la necesidad de producir conocimiento en una articulación entre el saber científico con los saberes populares, indígenas y campesinos. Sin duda, la herencia de Fals Borda en términos del compromiso intelectual y político que debe comportar una investigación crítica orienta el trabajo que aquí se propone, en ese contexto nuestra apuesta comporta avanzar hacia una ecología de saberes, en tanto planteamos que la metodología colaborativa debe trabajar con las personas de la comunidad en observación como colaboradores y, por lo tanto, transformar la relación jerárquica de sujeto – objeto que, en el registro metodológico convencional, se expresa en la relación investigador – informantes. Avanzar hacia una ecología de saberes conlleva situar la mirada en el impacto que produce ese cambio de paradigma metodológico en el cuerpo académico; es decir, en el confort de saberse sujeto cognoscente que tradicionalmente se ha erigido en el que posee el corpus teórico para interpretar el habla de la comunidad. Este aspecto, escasamente trabajado, también se resalta en esta reflexión.

El trabajo realizado `por casi veinte años con las comunidades y activistas afromexicanas de la Costa Chica de Guerrero (2007-2025); especialmente, en el acompañamiento a las autoridades territoriales (comisarios ejidales, principales y líderes locales durante el proceso por el reconocimiento constitucional (2017-2019), ha permitido obtener una adecuada comprensión de las condiciones de vida precarizadas de las comunidades afromexicanas de la Costa Chica, las variadas formas de organización sociopolítica que el movimiento afromexicano ha configurado en su interpelación al estado y las distintas narrativas que poseen las diferentes voces que han sido relevantes, tanto para el estado y academia como para las comunidades. En este periodo se ha observado que la exigencia afromexicana por el reconocimiento trasciende el ámbito normativo, en tanto su interés principal ha sido participar en la construcción, por una parte, de un proyecto de desarrollo de largo plazo, fruto de la activa participación de las comunidades a objeto que éstas mejoren sustancialmente sus condiciones de vida acorde a sus necesidades y urgencias; y, por otra parte, lograr una justicia histórica que revierta el largo tiempo de discriminación y racialización que ha sufrido el pueblo afromexicano de parte de la institucionalidad gubernamental y de la sociedad mexicana; y finalmente, que ambas reivindicaciones generen las condiciones para fortalecer los procesos de afirmación identitaria colectiva al interior de las comunidades afromexicanas.

Estas exigencias, que fueron parte de la agenda política de las autoridades territoriales, especialmente en la Costa Chica del estado de Guerrero, no fueron recogidas en el proceso del reconocimiento lo que, en mucho, obedeció a que la relación del movimiento afromexicano con las autoridades gubernamentales estuvo conducido por cierta academia que, en desmedro de las autoridades territoriales que expresaron una contundente y argumentada postura crítica del proceso impulsado por la Senadora Susana Harp (Medina, s/f), prefirió visibilizar y posicionar a las voces de los representantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se sumaron alegremente a la estrategia de la Senadora sin hacer cuestionamientos al proceso.

Ahora bien, a partir del reconocimiento constitucional (agosto 2019) diversas voces afromexicanas, tanto activistas sociopolíticos como culturales, han logrado instalarse en distintos espacios de la institucionalidad política y agenda social nacional, ya sea que algunas activistas de ONG se hayan ubicado en cargos de representación política nacional o, incluso, en espacios internacionales (como en el Foro Permanente Afrodescendiente de la ONU); asimismo, se han multiplicado los espacios de difusión de las expresiones culturales afromexicanas a lo largo del territorio nacional y han surgido diversos muros y nodos en las redes sociales que difunden las actividades afromexicanas, sean promovidas por instituciones gubernamentales y académicas o por la sociedad civil organizada afromexicana (de suyo apoyada por la institucionalidad gubernamental o académica, tal como quedó de manifiesto en el apoyo organizacional y financiero en la realización del último Encuentro de Pueblos Negros -núm. XXVI- realizado en la Hacienda de Temixco- Estado de Morelos, el 16 y 17 de noviembre del 2024).). A su vez, el reconocimiento se ha traducido en una extensa agenda legislativa para armonizar las distintas leyes del país al reconocimiento afromexicano (al respecto, es de destacar el trabajo realizado por la Senadora Susana Harp).¹ Es decir, el reconocimiento ha permitido una extraordinaria visibilización de las voces y cultura afromexicana que se podría considerar está logrando posicionar al sujeto afromexicano en la conversación social del país.

No obstante, como se señaló, ello no se ha traducido en mejoras en programas sociales, materiales y organizacionales para el pueblo afromexicano; en concreto, no han surgido programas gubernamentales dirigidos específicamente a atender las carencias de las comunidades afromexicanas del país, tales como sus históricos problemas de conectividad, de acceso a la justicia y a recursos gubernamentales; como tampoco se han adecuado las prioridades y denominaciones formales en el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas- INPI, la principal institución gubernamental para atender a la otredad en el país; al menos, no ha cambiado su nombre para incluir a los afromexicanos, como tampoco ha creado nuevos programas dirigidos al pueblo afromexicano. Si bien el INPI impulsó la creación de la Casa para el Desarrollo de la Mujer Afromexicana-CAMI (en Santa María Cortijo. Costa chica de Oaxaca), es la única experiencia en el país, lo que contrasta con las treinta y cuatro CAMI dirigidas a las mujeres de las comunidades indígenas (Carballo 2023). Del mismo modo, en el sector educacional tampoco se han modificado los libros de texto que reposicione el aporte histórico del pueblo afromexicano en la construcción del estado nación (vía su participación en las guerras de independencia y revolución mexicana), como tampoco se ha trabajado en reconocer el aporte afromexicano al patrimonio cultural nacional. Como excepción, cabe destacar la creación de la Afrouniversidad Politécnica Intercultural (Santa María Cortijo, Costa Chica-Oaxaca, 2023). Y así se puede seguir señalando ámbitos de la gubernamentalidad que no han experimentado cambios para dar cuenta de las exigencias que impone la formalización de un nuevo sujeto de derecho, como es el pueblo afromexicano; por ejemplo, en salud, agricultura, infraestructura y transporte, en el poder judicial, etc. nada ha cambiado. Se podría decir que el estado ha buscado modificar las condiciones de desigual acceso a la justicia, al impulsar los Planes de Justicia, pero cabría mencionar que éstos surgieron como demanda indígena; de ahí que el primer Plan de Justicia validado por el gobierno fue el del pueblo Seri (del estado de Sonora) en el año 2022. En el caso del pueblo afromexicano, la elaboración de un Plan de Justicia obedece a la iniciativa y gestión de activistas afromexicanos que, principalmente agrupados en el Consejo Guerrerense Afromexicano-ConGA, han logrado la confluencia de voluntades de representantes políticos para impulsarlo, pero este proceso, luego de una masiva convocatoria con participación de autoridades gubernamentales del estado y una nutrida presencia de las comunidades de la Costa Chica,² no ha logrado avanzar debido a la incapacidad gubernamental por gestionar el trabajo de diferentes instancias organizacionales afromexicanas en el territorio.

En síntesis, el reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano no se ha traducido en variaciones significativas en su cotidianidad respecto de las realidades que tenían previo al reconocimiento. Al menos los datos socioeconómicos de la región de la Costa Chica del estado de Guerrero siguen siendo muy precarias. En efecto, si bien en los últimos años se ha ampliado la carretera de la Costa entre Acapulco y Cuajinicuilapa, es una obra de infraestructura que no se acompañado de otras obras, ya sea en el ámbito del transporte y las comunicaciones (como caminos para sacar la producción y un sistema de comunicaciones, es decir, antenas de conexión a internet y telefonía) para terminar con el aislamiento comunicacional de la región (especialmente, cuando existen desastres naturales); nueva infraestructura en el sector salud (como clínicas y hospitales de primer nivel, mucho menos de hospitales especializados); habilitar tribunales para atender denuncias y conflictos por abusos laborales, disputas de tierras, de género y de orden civil y penal.

En el nuevo escenario cabría agregar que, salvo el surgimiento del ConGA, se observa un debilitamiento de la capacidad política autónoma y territorial del movimiento afromexicano para interpelar los distintos poderes del estado. Esta menor capacidad política se podría deber a muchos factores, como el fallecimiento de líderes históricos (como Bulmaro García Zavaleta, en el 2023), la incorporación de activistas a espacios de la institucionalidad gubernamental (como Néstor Ruiz, en la AfroUniversidad Politécnica Intercultural) o de representación legislativa (Rosa Castro y Sergio Peñaloza) y probablemente por la proliferación fragmentada y autorreferentes de nuevas voces afromexicanas, especialmente en las nuevas generaciones.

Sin duda, el reconocimiento ha transformado la agenda política del movimiento afromexicano, pero se desconoce en qué sentido ha impactado en su agenciamiento. De ahí que sería clarificador promover iniciativas investigativas que -con las voces, cuerpos y apropiación de los propios sujetos del pueblo afromexicano- indaguen si el racismo sigue siendo un dispositivo cultural que permea en las instituciones mexicanas al grado de obstaculizar la aplicación y respeto de los derechos humanos del pueblo afromexicano en tanto sujeto de derecho, esto es, como hipótesis, observar ¿qué tanta densidad y vigencia posee la matriz racista que fue consustancial a la fundación del estado nación mexicano?; y de otra parte, ¿cuál habría sido el grado de influencia que tuvo la conducción del proceso del reconocimiento por parte de la academia?; al respecto, se han planteado dos líneas de trabajo (Medina s/f): de una parte, la academia ha cumplido como un referente y acompañante en la configuración del afromexicano como incipiente sujeto colectivo que con el tiempo se fortalecería en tanto sujeto político con autonomía y potencialidad transformadora; y, de otra parte, que lamentablemente hegemonizó la relación con el movimiento afromexicano, la academia cumplió una función de “termidor” (Hinkhelamer 2016, Bautista 2017), es decir, como un dispositivo que se atribuyó la potestad de imponer las metas, los tiempos, las formas de actuar y los límites del proceso del reconocimiento, con base en lo cual desconfiguró políticamente al sujeto afromexicano y provocó su declive o sumisión a la autoridad política, o su infantilización sociopolítica. En este horizonte, una investigación que pretenda comprender el impacto del reconocimiento y de proceso del mismo en el pueblo afromexicano, debiera plantearse observar las dinámicas que al interior del propio movimiento (por ejemplo, las diferencias de estrategia y discursivas existentes entre las autoridades territoriales y la sociedad organizada) fueron generando las bases para la actual deriva organizacional fragmentada del pueblo afromexicano como voz escasamente validada comunitariamente y sin fuerza para interpelar al estado. Esta indagación requiere, no obstante, que la mirada académica asuma el desafío de recuperar la densidad de significados que las propias voces afromexicanas atribuyan a las narrativas que circulan en las comunidades, en sus representantes y/o activistas y, a su vez, en las interpretaciones exógenas al movimiento que buscan interpretarlo y, por este medio, suplantarlo.

Para abordar lo anterior, cabría arriesgar un desplazamiento epistémico y metodológico. Es decir, superar los análisis heterónomos y jerárquicos de la reflexión cientifíca disciplinaria que, atrapada en el legado carteciano que impone una relación sujeto-objeto (Wallerstein 1996), ha reducido a los integrantes de las comunidades afromexicanas a una condición de “informantes”. En línea con la tradición de la educación popular, la interculturalidad y la propuesta decolonial, cabría impulsar una indagación comunitaria y colaborativa, en la que los integrantes de la comunidad que se contacten y acepten involucrarse en las distintas fases de la investigación se consideren “colaboradores”.

Sin duda, es una apuesta que plantea desafíos mayores para una academia que ha naturalizado la producción de conocimiento con base en una racionalidad que niega a los sujetos de observación capacidad analítica de sus realidades, más aún cuando tales sujetos pertenecen a las “zonas del no-ser” (Fanon 2009), esto es, habitan en territorios carentes de una institucionalidad gubernamental o una presencia estatal fragilizada y, por extensión, poblaciones que resuelven sus conflictos con violencia y muerte; sujetos que durante los tiempos coloniales fueron bestializados y/o infantilizados (Torres-Maldonado 2007), que históricamente fueron marginados de la narrativa del estado nación y que en la actualidad despliegan su cotidianidad como “sujetos borde” (Medina 2017), esto es, sujetos que pertenecen al territorio mexicano, pero a quienes las instituciones estatales y los otros grupos sociales del país los siguen discriminando y negando un estatus de humanidad.

Si a lo anterior se agrega que en México existen escasos análisis que arriesguen crear conocimiento desde la perspectiva decolonial que, en términos epistémicos y metodológicos, impone trazar una estrategia de investigación colaborativa y heterárquica que, en la práctica, conlleva incorporar la mirada del sujeto de interés investigativo (personas del movimiento y pueblo afromexicano) como parte integrante del equipo de investigación, el desplazamiento epistémico y metodológico sugerido ofrece una doble oportunidad: de una parte, inaugura una línea de investigación sobre una realidad sociocultural y política que impone un ejercicio de reflexividad y autocrítica ética (sobre el proceder de la academia) en un proceso sociopolítico que involucró directamente a un sujeto subalterno y racializado históricamente; y de otra parte, como parte consustancial a la investigación plantea construir una relación heterárquica, relacional u horizontal con los sujetos de interés investigativo.

Con todo, se debe tener presente que una investigación colaborativa conlleva superar el carácter de intervención de trabajo en la comunidad, no sólo en términos de su cotidianidad, sino también en términos de su construcción como comunidad y en la reproducción/reconfiguración de su cosmovisión, por lo tanto, es fundamental que en las primeras fases de la investigación se involucre a la comunidad en la definición de la pertinencia o no de la misma (Tuhiwai Smith 1999). En la perspectiva de la autora neozelandesa, en el caso concreto de indagar la percepción de la comunidad afromexicana sobre el reconocimiento constitucional, implica necesariamente su involucramiento en clarificar una batería de interrogantes que tradicionalmente la academia resuelve de mutuo propio porque asume de suyo que posee la autoridad cognitiva sobre lo que la comunidad necesita. En otros términos, los primeros contactos con la comunidad -léase primera fase de la investigación colaborativa- debieran orientarse para involucrar a la comunidad (vía sus autoridades, activistas e integrantes de la comunidad) en alcanzar claridad sobre las siguientes interrogantes:

Con base en la resolución de estas interrogantes es posible proponer un protocolo que aporte orientaciones, principios y pautas de actuación en situaciones en las que se requiere de procedimientos sistemáticos para generar un diagnóstico con la activa y continua participación de la comunidad. La participación también comporta un proceso de formación comunitaria. El protocolo no es ni pretende ser una receta, tampoco es un instrumento cerrado ni rígido que se deba seguir al “pie de la letra”. Muy al contrario, se trata de un marco flexible y adaptable a diferentes contextos y situaciones orientado a una implantación no conflictiva de generar información sobre las realidades de las comunidades afromexicanas.

En ese tenor, la sostenibilidad fáctica y política del trabajo en el territorio y la construcción de sinergia horizontal entre el cuerpo académico con los sujetos de la comunidad plantea una diferencia radical respecto de las investigaciones reproductoras de saberes eurocéntricos, que no problematizan la distinción entre sujeto y objeto, en tanto no debiera existir una separación entre sujeto y conocimiento. En efecto, una indagación colaborativa comporta la complejidad de reconocer que el sujeto cognoscente -sus circunstancias y clivajes- son parte consustancial del conocimiento a construir. Es decir, todo proyecto colaborativo conlleva configurar un cuerpo pensante con los integrantes de la comunidad y el personal académico, incluyendo las circunstancias y ontología de vida de todas las partes. En este sentido, el fundamento y la orientación de esta propuesta es promover un tipo de investigación que, respetando la convivencia democrática y comunitaria en el territorio, se sustente en un cuerpo vivo de sujetos que se apropien de la propuesta y la vuelvan factible. En esta dirección, la investigación se debe enmarcar en los principios del diálogo, la coordinación o la negociación abierta y horizontal entre los diversos agentes sociales y políticos involucrados.

El desplazamiento epistémico conlleva diseñar una estrategia metodológica que, acorde a los tiempos comunitarios, debiera despegarse en fases diferenciadas que posibilite la realización de las distintas actividades que implica la participación de la comunidad, desde el diseño de la indagación hasta su implementación en el territorio y análisis final. Cada fase conlleva el cumplimiento de determinadas acciones requeridas para sostener la involucración de la comunidad en la ejecución de las fases posteriores, tal como se inidca a continuación.

La primera fase, que puede ser por iniciativa de la propia academia o por demandas comunitarias, consiste en la preparación del involucramiento de la comunidad. En esta fase corresponde constituir un equipo impulsor que es fundamental para la realización de la investigación, en tanto tiene la responsabilidad política de gestionar y llevar a cabo las distintas fases y actividades del proyecto, atendiento mantener una relación horizontal con los integrantes de la comunidad que se incorporen al proyecto como colaboradores o como sujetos que aporten información al análisis, es decir, el equipo impulsor es una instancia que debe tener claridad del horizonte político de la investigación, un dominio de la epistemología en la que ésta se sustenta y el marco ético del trabajo a realizar con la comunidad (Sepúlveda, Báez y Montenegro 2008).

En esta fase, a su vez, el equipo impulsor, junto a otros integrantes de la academia que formen el equipo de investigación, deben realizar las actividades de prospección y pre-diagnóstico en la comunidad sobre las problemáticas que motivaron la investigación, las que pueden ser producto de indagaciones previas o demandas de la comunidad, ya sea planteadas por autoridades, activistas o integrantes de la comunidad. En esta fase se deben trabajar las fuentes secundarias (bases de datos existentes, investigaciones previas, fuentes oficiales y otras sobre la realidad de la comunidad a investigar). Con estas primeras acciones, se debe conformar una comisión de acción comunitaria, integrada por académicos y miembros de la comunidad (colaboradores), a fin de trabajar horizontalmente las siguientes fases de la indagación. Con base en la información disponible recabada hasta el momento, la comisión de acción comunitaria debe realizar un primer análisis para comenzar a responder las preguntas que sustenten comunitaria, ética y políticamente la investigación.

La experiencia que hemos vivido en investigaciones que promueven este desplazamiento epistémico – metodológico³ muestra que uno de los principales desafíos de las investigaciones colaborativas es la resistencia del cuerpo académico a arriesgar el tránsito fuera del confort y certeza que le confiere el control del proyecto de investigación (Wallerstein 1996), en tanto es un ejercicio de alta exigencia reflexiva y ética. En efecto, proyectos de investigación colaborativos y decoloniales enfrentan el desafío de que los profesionales formados disciplinariamente (en alguna de las disciplina de las ciencias sociales) o que tengan una formación interdisciplinaria transiten a un espacio incierto y sin definición previa de actividades, tiempos y técnicas dado que éstas se construyen con la participación de los integrantes de la comunidad. En la medida que estos proyectos se organizan en función de establecer criterios de trabajo que enfatizan en la relación con los “colaboradores” que, para favorecer la creación de atmósferas de confianza e integración en el trabajo, implica modificar muchas prácticas y formas de trabajo formal de la academia, desde aspectos supuestamente pueriles como desechar referirse a los otros académicos del equipo impulsor y del equipo de investigación con sus grados académicos -doctor, maestro, licenciado-, algo que -al menos en la formalidad mexicana- requiere un ejercicio de vigilancia comunicacional constante, hasta el uso de un vocabulario accesible a quienes nos son académicos para la argumentación en los necesarios debates heterárquicos que viabilicen la articulación de objetivos, actividades y horizontes de sentido de la investigación para académicos y colaboradores.

La segunda fase de la investigación, con base en el análisis de la información disponible y, principalmente, de las demandas planteadas por los integrantes de la comunidad, se elabora el diseño de la intervención, lo que se traduce en la definición del objetivo de la misma, la modalidad de trabajo, los tiempos y maneras de recabar la información en la comunidad (las actividades en el campo). A través de esta operación, se busca la validación comunitaria e institucional de la indagación comunitaria. La experiencia indica que en esta fase, el desafío principal que podría surgir es la desconfianza que poseen las comunidades sobre las motivaciones de la investigación, debido a un largo historial de expoliación cognitiva que han padecido en su relación con proyectos de investigación, en los que se les solicitado información y, aunque no en todos los casos, desconocen el resultado de estos proyectos ni han recibido beneficio alguno por su participación en ellos. Sin duda este tipo de relación, fincada en la naturalizada mirada jerárquica de la metodología científica convencional, ha promovido en la memoria viva comunitaria la convicción que la academia sólo busca beneficiarse así misma a partir de extraer información que no se traduce en resultados concretos de utilidad para la comunidad, lo cual obedecería a la normalizada concepción académica que posee la potestad de intervenir las comunidades de su interés investigativo a voluntad, cual hybris del saber, porque su misión es generar conocimiento universal, con presindencia de la visión comunitaria o intersubjetiva de sus integrantes.

La tercera fase de la investigación consiste en la aplicación de las técnicas de relevamiento de información acordadas en la Comisión de Acción Comunitaria (Asambleas, encuestas, entrevistas, grupos de discusión u otra técnica metodológica). En esta fase es fundamental, a través de las propuestas sugeridas por los colaboradores, promover la participación comunitaria a fin de recabar la visión de la mayor dispersión de voces comunitarias posibles. De esta forma se obtiene información diversa que posibilita acceder a una mirada comprensiva de las realidades en observación. En el caso concreto de las comunidades afromexicanas, a través de esta aproximación metodológica se obtienen saberes de distintas experiencias y percepciones comunitarias respecto del reconocimiento constitucional logrado en el año 2019. Con base en este relevamiento de información, es labor de la Comisión de Acción Comunitaria verificar que ésta se corresponda o no con los datos disponibles en fuentes secundarias previamente generadas por el equipo de investigación.

Además, en esta fase corresponde a la comisión de acción comunitaria (esto es, a investigadores e integrantes de la comundiad en una relación horizontal) realizar el análisis de la información generada y comunicar a la comunidad los resultados de dicho análisis, ya sea vía asambleas y otros formatos como folletos de distribución comunitaria en un lenguaje accesible (expresiones idiomáticas e imágenes) para las comunidades. En la defición del soporte utilizado para comunicar a la comunidad los resultados de investigación, es evidente que los colaboradores son claves para indicar el tipo de lenguaje y la modalidad más idónea para facilitar esta operación.

Como parte final de la investigación corresponde a la comisión de acción comunitaria realizar un ejercicio de reflexividad y evaluación sobre todo el proceso investigativo, a fin de recabar la valoración que construye la comunidad sobre los trabajos de la investigación y, así, obtener una mirada comunitaria de los resultados de la investigación y sobretodo de la modalidad de la investigación. En este ejercicio de reflexividad colectiva, entre otros indicadores que podrían emerger en el proceso de la investigación y siempre en el diálogo con los integrantes de la comunidad que hacen parte de la comisión de acción comunitaria, cabría observar: nivel de participación comunitaria en las actividades y técnicas utilizadas en el trabajo de campo; comprensión comunitaria del lenguaje utilizado por el cuerpo académico; percepción comunitaria del sentido práctico (utilidad) del proyecto de investigación; el grado de apropiación comunitaria del proyecto de investigación y, finalmente, identificación de aquellas situaciones, acciones y posturas tanto de los colaboradores como de los académicos que, en el proceso de investigación, se erigieron como obstáculos, desafíos o problemáticos para el trabajo colaborativo.

Sin duda, sacar lecciones de nuestros aciertos, errores y vacíos como académicos es el mayor aprendizaje que podríamos obtener de estos proyectos que se desplazan de nuestra tradicional mirada del trabajo que hemos hecho “sobre” los otros hacia un trabajo “con” los otros.

En este breve trabajo, a partir de problematizar el impacto del reconocimiento constitucional que el estado mexicano le otorgó al pueblo afromexicano en el año 2019, se propone una investigación con metodología colaborativa para observar la percepción que existe del proceso y del reconocimiento entre integrantes del movimiento afromexicano, particularmente de aquellos que participaron en el proceso del reconocimiento como autoridades territoriales (no como parte de las organizaciones no gubernamentales). Con base en la experiencia de construir una propuesta metodológica colaborativa, en este texto se describe una carta de navegación para promover una investigación colaborativa organizada en fases, resaltando la necesidad de involucrar a la comunidad afromexicana desde la primera fase (esto es, desde el diseño de la investigación), a partir de integrarlos a una Comisión de Acción Comunitaria (CAC) en una condición de co-investigadores o de colaboradores, hasta finalizar la investigación (análisis de la información relevada con las técnicas de investigación acordadas por la CAC). En la propuesta se resaltan dos grandes desafíos que comportan las investigaciones colaborativas. Junto a las reticencias comunitarias para involucrarse en este tipo de investigaciones debido a la larga historia de expoliación cognitiva que ha practicado la academia, se destaca que existe una gran dificultad científica para transitar hacia una epistemología que promueva una ecología de saberes, esto es, construir una relación horizontal (no jerárquica) con los sujetos y visiones de los sujetos de interés investigativo.

Esta negación a abandonar el confort asociado a la validez del método científico, en mucho obedece a que las currículas formativas de las ciencias sociales siguen reproduciendo el legado carteciano que establece una fractura entre el sujeto cognoscente y los sujetos y/o realidades sociales a observar y comprender. Persistir en la formación que parte de la distinción metodológica entre sujeto (la mirada académica) y objeto (los sujetos sociales) constituye un obstáculo para transitar a un lugar de enunciación diferente a la naturalizada concepción de su autopercepción de que, a diferencia del integrante del pueblo afromexicano, la mirada científica dispone de los cuerpos teóricos para realizar la exégisis que exigen los corpus de análisis generados en el trabajo de campo.

La reflexión decolonial e intercultural ha mostrado el carácter colonial de esa episteme, por lo que se requiere una postura crítica ética y política para que la mirada científica transite hacia una epistemología basada en una ecología de saberes.

Transitar hacia una epistemología colaborativa comporta varios desafíos, especialmente conlleva construir metodologías y validaciones que, sin abandonar el rigor científico, comporte una reconfiguración de los supuestos epistémicos y metodológicos, como la emegencia de categorías de análisis surgidas en el diálogo de saberes. Para abordar este último desafío la reflexión crítica ha planteado algunas de sus condiciones de posibilidad, como la falacia de la pretensión de universalidad del conocimiento científico. En la década de los años treinta del siglo pasado, los pensadores frankfurtianos (Horkheimer 2000) mostraron la falacia de esa pretención al sostener que toda producción científica de las ciencias sociales sólo puede ser situada, propuesta que fue secundada por las teóricas postfeministas (Haraway 1995). En este sentido, no es suficiente recurrir a las “teorías viajeras” (Said 2013) si se interpelan categorías surgidas en contextos metropolitanos y en registros conceptuales hegemónicos si los sujetos de interés configuran sus universos de sentido en territorios subalternizados y racializados (como el mundo afromexicano y, en general, Abya Yala). En esta tesitura cabe recuperar las propuestas de la interculturalidad que plantean la necesidad de configurar nuevas categorías a partir de un diálogo continuo con los movimientos sociales (Walsh 2011).⁴

En síntesis, la riqueza analítica de las metodologías colaborativas tienen un gran potencial transformador en el ejercicio científico y en la posibilidad de proponer exégisis de las realidades sociales que respondan a las necesidades de los sujetos que las habitan, pero ello requiere enfrentar y superar las propias limitaciones que impone la reproducción de una ciencia eurocéntrica que seguirá defendiendo sus prerrogativas como sistema experto. Como tal, se ha autoasignado la función de producir conocimiento científico que, como se ha denunciado desde la reflexión decolonial, en mucho obedece a quinientos años de invisibiización y/o aniquilamiento de otras formas de saber (Grosfoguel 2013).

En este contexto, la academia del Sur Global tiene la oportunidad para abrir brecha en una academia anquilosada en el pasado para erigirse en referente global en la producción de conocimiento transdisciplinario, lo que requiere necesariamente que los académicos abandonemos el confort del locus de nuestras formaciones discipinarias,

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Gabriel Medina Carrasco. Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Chileno radicado en México desde 1994. Doctor en Ciencia Social por El Colegio de México. Ha trabajado sobre sexualidad masculina, juventudes y, en los últimos 25 años, se ha especializado en la reflexión decolonial, la interculturalidad y el racismo en los mundos afromexicanos. Sobre estos temas ha impartido seminarios en universidades y foros europeos y en el Abya Yala, y ha publicado artículos y libros en diversos espacios editoriales de América Latina y Europa. Entre otras publicaciones cabe destacar Aproximaciones a la Diversidad Juvenil (COLMEX, 2000), Escrituras emergentes de las juventudes latinoamericanas (Gedisa/UAM-I 2015), Comunidad Afromexicana. Cultura en Resistencia (UACM 2020) e Interculturalidad y educación superior en México. Gobernanza en los tiempos de la 4T (UACM en prensa).

1 En este marco, desde su reconocimiento constitucional, se han tramitado -algunas de las cuales se han aprobado- diversas leyes orientadas a beneficiar a integrantes del pueblo afromexicano, tales como la Ley Genera de Cultura y Derechos Culturales, Ley General de Educación, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Ley General de Salud, Ley General de Turismo y Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (véase 6º Informe de Senadora Susana Harp).

2 Convocados por Negro A.C. y Conga, el 23 de noviembre del 2024 en el municipio de Marquelia (Costa Chica de Guerrero), acompaños por representantes del poder legislativo estatal, presidentes de varios ayuntamientos y funcionarios del INPI, se reunieron más de doscientos representantes afromexicanos de distintas comunidades de la Costa Chica.

3 Trabajos previos en las comunidades afromexicanas realizadas con colegas con amplia experiencia etnográfica enfrentaron dificultades al momento de recuperar las visiones y voces de los integrantes de los talleres realizados en distintas comunidades debido a la oposición de colegas que consideraron tales visiones y voces como material sujeto a interpretar, es decir, como expresiones vaciadas de una interpretación significante y, en su opición profesional, requerían analizarse con dispositivos metodológicos que validaran tales afirmaciones (como análisis de discursos u otras técnicas de investigación). En la medida que en ese proyecto de investigación nuestra postura fue desechada por considerarse poco científica, el resultado de ese trabajo resultó en un ejercicio analítico y formativo que excluyó muchas de las formas idiomáticas propias de los participantes y fueron reemplazadas por expresiones formales del léxico promovido por el castellano contenido en la RAE. Del mismo modo, la misma situación se ha manifestado en otro proyecto en curso con colegas de una universidad intercultural que han expresado un abierto rechazo a una propuesta de diagnóstico participativo y colaborativo porque la participación de la comunidad impone suspender la definición previa de objetivos de la investigación y de las fases de la investigación y de los tiempos de trabajo, así también de la definición de las técnicas del trabajo de campo y de las categorías centrales de la investigación.

4 Este planteamiento fue presentado por Catherine Walsh en la Conferenica Magistral del Foro Internacional de Estudios Culturales y Decoloniales en América Latina, realizado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el mes de noviembre de 2011.

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