Para citación de este artículo: Valente Ezcurra, D., Migueltorena, A., Righetti, M. y Girado, A. (2025) Territorializar la Extensión Universitaria para promover el acceso a derechos: el hábitat urbano en cuestión. Revista Masquedós, 10(13), 1-18. https://doi.org/10.58313/masquedos.2025.v10.n13.401

Resumen

El presente artículo aborda las discusiones sobre los modos de conceptualizar la Extensión Universitaria y los desafíos que implica territorializar la Universidad. El objetivo es reflexionar sobre los desafíos de la Extensión en tanto proceso social universitario a partir de experiencias de trabajo que se vienen desarrollando desde el año 2013 en torno al problema del acceso al hábitat y el derecho a la ciudad en Tandil (provincia de Buenos Aires, Argentina). En este sentido, los métodos empleados se ubican dentro de la perspectiva de la investigación acción participativa, con diversas técnicas complementarias, tales como la investigación documental, la entrevista y la observación participante en los territorios. A partir de la reflexión sentipensante sobre la praxis del equipo extensionista de Hábitat y Derecho a la Ciudad, se profundiza en torno al debate sobre el rol de la Extensión Universitaria en la coyuntura actual, remarcando la importancia de entender la Universidad como un campo de disputa, donde resulta necesario cuestionar las perspectiva teóricas, pedagógicas, ético-políticas, epistémicas y metodológicas que hacen al modelo de Universidad y de sociedad al cual se busca contribuir desde estas intervenciones. Los resultados aportan a pensar la territorialización de la Universidad, y la construcción de territorialidades contrahegemónicas, como un modo de desarrollar políticas públicas y estrategias de gestión para promover el acceso a derechos junto a las instituciones y organizaciones sociales presentes en los territorios.

Palabras clave: acceso a derechos; derecho a la ciudad; extensión universitaria; hábitat urbano; relación universidad-sociedad; territorialización.

Resumo

O presente artigo aborda as discussões sobre as formas de conceitualizar a Extensão Universitária e os desafios envolvidos na territorialização da Universidade. O objetivo é refletir sobre os desafios da Extensão como processo social universitário a partir de experiências de trabalho que vêm sendo desenvolvidas desde 2013 em torno do problema do acesso ao hábitat e o direito à cidade em Tandil (província de Buenos Aires, Argentina). Nesse sentido, os métodos empregados se situam dentro da perspectiva da pesquisa-ação participativa, com diversas técnicas complementares, como investigação documental, a entrevistas e a observação participante nos territórios. A partir da reflexão sentipensante sobre a práxis da equipe extensionista de Hábitat e Direito à Cidade, aprofunda-se o debate sobre o papel da Extensão Universitária na conjuntura atual, destacando a importância de entender a Universidade como um campo de disputa, onde é necessário questionar as perspectivas teóricas, pedagógicas, ético-políticas, epistêmicas e metodológicas que sustentam o modelo de Universidade e de sociedade ao qual essas intervenções buscam contribuir. Os resultados contribuem a reflexão acerca da territorialização da Universidade e a construção de territorialidades contra-hegemônicas, como uma forma de desenvolver políticas públicas e estratégias de gestão para promover o acesso a direitos junto às instituições e organizações sociais presentes nos territórios.

Palavras-chave: acesso a direitos; direito à cidade; extensão universitária; habitat urbano; relação universidade-sociedade; territorialização.

Abstract

This article addresses discussions regarding the ways of conceptualizing University Extension and the challenges involved in territorializing the University. The objective is to reflect on the challenges of Extension as a university social process based on work experiences that have been developed since 2013 around the issue of access to habitat and the right to the city in Tandil (Buenos Aires province, Argentina). In this sense, the methods employed fall within the perspective of participatory action research, with various complementary techniques such as document analysis, interviews as well as participant observation in the territories. Through a reflective and experiential analysis of the praxis of the Extension team focused on Housing and the Right to the City, the article delves into the debate on the role of University Extension in the current context, emphasizing the importance of understanding the University as a field of contestation. This requires questioning the theoretical, pedagogical, ethical-political, epistemic, and methodological perspectives that shape the model of the university and society to which these interventions aim to contribute. The results contribute to reflecting on the territorialization of the University and the construction of counter-hegemonic territorialities as a way of developing public policies and management strategies to promote access to rights, in collaboration with institutions and social organizations present in the territories.

Keywords: access to rights; right to the city; university extension; urban habitat; university-society relationship; territorialization.

Introducción

El objetivo de este artículo es reflexionar sobre los desafíos de la Extensión en tanto proceso social universitario a partir de experiencias de trabajo que se vienen desarrollando desde el año 2013, en torno al problema del acceso al hábitat y el derecho a la ciudad en Tandil[1]. En busca de abordar algunas de las discusiones referidas a los modos de conceptualizar la Extensión Universitaria y, particularmente, los desafíos que implica territorializar la Universidad, este artículo presenta reflexiones que corresponden con una noción de la Extensión entendida como proceso social universitario (Cano Menoni, 2014). También, son resultado de la reflexión colectiva sobre una serie de experiencias de trabajo extensionista en torno al problema de acceso al hábitat y el derecho a la ciudad en Tandil. Con el objetivo de profundizar los debates desde la Extensión Crítica, se busca resaltar la importancia que posee definir la Universidad como un campo de disputa en el cual resulta necesario clarificar el modelo de Universidad y de sociedad al que se pretende contribuir con dichas intervenciones.

En la coyuntura argentina actual, en la que se ataca ideológicamente y se ahoga presupuestariamente al conjunto del sistema científico-tecnológico y a las Universidades Públicas desde el gobierno nacional presidido por Javier Milei, se pone en evidencia el rol clave que estas instituciones estatales ocupan, no sólo en el proceso de construcción de conocimiento, sino también en el acceso a derechos de la ciudadanía y en la democracia. Por ello, resulta apropiado discutir las implicancias socioterritoriales de las diversas perspectivas y experiencias de trabajo extensionista, puesto que es sabido que la mera presencia de los actores universitarios en los territorios no asegura, por sí misma, que se contribuya a transformar las condiciones de vida de las clases subalternas. Entonces, en contextos históricos de desmantelamiento de políticas públicas y de conquistas populares inscriptas en el Estado, desvalorización del trabajo comunitario, criminalización de la protesta social, proliferación de discursos de odio y crecimiento de las desigualdades: urge preguntar ¿qué desafíos implica hoy territorializar la Universidad?, ¿a la construcción de qué territorialidades busca contribuir la Extensión Universitaria?, y ¿cómo promover abordajes que favorezcan el acceso a derechos en los diferentes territorios en los que interviene la Universidad Pública?

Para abordar estas cuestiones, el cuerpo del trabajo se estructura en tres apartados internos. El primero de ellos dedicado a conceptualizar la Extensión Universitaria partiendo del análisis de la relación entre Estado y sociedad, de los modelos de Universidad y profundizando en la concepción de los territorios (y territorialidades) que se construyen y fortalecen con la praxis extensionista. El segundo, comparte reflexiones metodológicas sobre un proceso situado de co-construcción de conocimiento, reconstruyendo la trayectoria del equipo extensionista de acceso al hábitat y la ciudad en Tandil y sus estrategias de trabajo. El tercero presenta una serie de reflexiones construidas a partir de la experiencia colectiva de investigación acción participativa, esbozando algunas perspectivas y desafíos a discutir en pos de transformar los entramados de relaciones sociales y las prácticas universitarias. Las conclusiones plantean una síntesis del desarrollo, reflexiones y argumentos presentados, así como también, nuevos interrogantes.

Reflexiones teóricas en torno a la conceptualización de la Extensión Universitaria y sus vínculos con el Estado, la sociedad y el territorio

Para comenzar, interesa problematizar la definición que entiende a la Extensión como simple función universitaria capaz de ser interpretada como una dimensión más, pasible de ser modificada (como parte o en algunos aspectos de sus relaciones con el todo), pero sin abarcar el conjunto de la Universidad y sus relaciones. Esta concepción, incluso, se encuentra presente en muchas de las interpretaciones que se proponen fortalecer la integralidad de las funciones (Chacín et al., 2007) o la “misión social” de la Extensión Universitaria (Serna, 2007).

Retomando la idea de que la función de extensión no puede ser entendida como algo aislado, encapsulada en un gueto (Tommasino y Rodríguez, 2013), es que se requiere que sea conceptualizada de una manera integral: “…como proceso social universitario, modo peculiar del relacionamiento de la universidad con la sociedad, con implicaciones políticas, pedagógicas, metodológicas y epistemológicas” (Cano Menoni, 2014, p. 1).

Esta definición presenta dos ventajas para comenzar a reflexionar sobre la Extensión Universitaria como un proceso que involucra una trama de sujetos y relaciones sociales. Por un lado, permite distinguir prácticas específicas y, a la vez, evita reproducir el equívoco de confundir a estas prácticas específicas con el conjunto de actividades que son realizadas en el marco de las secretarías homónimas (o instancias afines, según el caso del organigrama de funcionamiento institucional correspondiente), superando así, algunas miradas parciales que se focalizan en los aspectos técnicos y procedimentales de la gestión universitaria. Por otro lado, facilita la distinción entre aspectos prescriptivos y descriptivos, habilitando a diferenciar las prácticas y experiencias desarrolladas, ya que la definición de la Extensión Universitaria no es única, ni unívoca, sino que convive con otras formas de denominación presentes al interior del mundo universitario (vinculación, transferencia, articulación, etc.) y, cada una de ellas, involucra determinadas concepciones teóricas, epistemológicas, ontológicas, metodológicas, así como también, diferentes posicionamientos éticos y políticos.

Adoptar esta perspectiva no implica homogeneizar las prácticas desarrolladas bajo distintas concepciones de la Extensión Universitaria, sino, en cambio, reconocer su diversidad como un elemento fundante y, a la vez, como un campo de disputa en el proceso de transformación de las Universidades Públicas de Latinoamérica. En este sentido, resulta necesario discutir las especificidades y horizontes, incorporando definiciones que contribuyan a clarificar tanto los escenarios en pugna, como los modelos de Universidad (y de sociedad) que se buscan fortalecer a través de dicho proceso social universitario: ¿a qué tipo de relaciones sociales?, ¿con qué sujetos?, ¿en qué territorios?, ¿para contribuir a qué territorialidades?

Entonces, retomando la idea general, bajo esta forma de definir a la Extensión Universitaria se enmarcan una gran variedad de procesos, que involucran a diversos actores sociales e institucionales, con finalidades vinculadas al proceso de enseñanza-aprendizaje, a la investigación y a otras acciones que se desarrollan desde la Universidad, pero que exceden estas funciones específicas. Es decir que, en concreto, permite abarcar actividades muy heterogéneas: desde la firma de convenios con organismos públicos o entidades privadas para diversos desarrollos (spin offs, simuladores, relevamientos, estudios de mercado, etc.) o prácticas educativas en territorio (prácticas preprofesionales, socio-comunitarias, socioeducativas, etc.), hasta articulaciones político-institucionales con distintas organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas con múltiples finalidades (actividades de educación superior, experiencias de economía popular, acuerdos con organizaciones sociales, sindicatos, empresas, etc.) (Somoza, 2022).

Ahora bien, llegado a este punto, ¿de qué manera analizar la diversidad constituyente del proceso social universitario y los modos peculiares de relaciones para definir la Extensión Universitaria? Como primer aspecto, resaltar que estas múltiples maneras en las que se encuentran actores universitarios y sujetos sociales son la forma en que se hacen manifiestas las relaciones sociales. En tanto la Universidad puede entenderse como un constructo social que asume la forma específica de institución del Estado (Ordorika, 2001), las relaciones sociales atraviesan la institución universitaria y, en su manifestación particular, también la constituyen, puesto que la Universidad no es un ente separado de la sociedad, sino que es un producto concreto de su dinámica (Lechner, 2006).

Pero, específicamente, requiere además pensar la Universidad Pública como institución al interior del Estado. Desde este punto de vista, proponemos entender al Estado como la forma social de dominación que asume el capital, en tanto relación social. Es decir, como la manera (desfigurada y difícil de reconocer a primera vista), en que se manifiesta la interrelación social que permite la sociabilidad en las condiciones que imperan en la economía actual. Pero, en el capitalismo, la forma política se expresa, a su vez, escindida de la sociedad, lo que contribuye a comprender cómo el Estado se convierte en una instancia de mediación para la conformación de acuerdos y equilibrios sociales, puesto que, en su estructura organizativa concreta, refleja relaciones de fuerzas sociales que, simultáneamente, también moldea y estabiliza (Hirsch, 2001).

Esta escisión (aparente), se encuentra en un proceso de redefinición constante, donde se desarrollan (cambiantes) relaciones de fuerza social producto de disputas y fracciones de clase que atraviesan tanto a la sociedad como al Estado y sus instituciones, condensándose de manera específica en cada ordenamiento institucional (Poulantzas, 1978). Sin embargo, no debe pensarse que cualquier modificación de las relaciones de fuerza se traduce en un cambio mecánico y lineal en el interior de las instituciones del Estado, puesto que estos procesos se realizan de manera mediada, de acuerdo a la dimensión de las transformaciones sociales, las propias características de los aparatos institucionales existentes y los fundamentos de la dominación -entendiendo que el Estado capitalista también es racista, patriarcal, colonialista, etc.-.

En definitiva, esta aproximación a la noción de Estado es una perspectiva que profundiza el debate sobre la disputa de sus instituciones, considerando que las Universidades Públicas cumplen una función importante en el entramado social e institucional estatal, y que su transformación contiene potencialidades para avanzar en la construcción de sociedades más justas; pero, a la vez, comparte limitaciones inherentes a su existencia que pueden tender a generar la reproducción de las relaciones de dominación.

Como segundo aspecto en el análisis de la diversidad constituyente del proceso social universitario (y los modos peculiares de relaciones que plantea), consideramos que estas múltiples maneras en las que se encuentran actores universitarios y sujetos sociales se relacionan con las fuerzas sociales en pugna, constituidas en la lucha generada en torno a las contradicciones de las relaciones sociales existentes. En este proceso, se conforman diferentes proyectos políticos de sociedad que, atendiendo a la función social asignada al conocimiento producido por las Universidades Públicas, se expresan en el ámbito particular de la educación superior desarrollando propuestas específicas. Varias teorizaciones se han dedicado a estudiar este punto, identificando diversos “modelos” (González Fernández-Larrea y González, 2003; Serna, 2004; Ortiz-Riaga y Morales-Rubiano, 2011; Cano Menoni, 2014; Tommasino y Cano Menoni, 2016).

Retomando a Cano Menoni (2014), se pueden distinguir tres grandes modelos universitarios: el “Entrepreneurial Universities”, la “Universidad para el Desarrollo” y la “Universidad Popular-necesaria”. El primero de ellos, se caracteriza por buscar una Universidad subordinada a las demandas de la “economía del conocimiento” y a las más generales tendencias de la globalización neoliberal. Se pretende una institución que forme parte del circuito económico y que se encuentre a su servicio, por esta razón apunta a articular con los sectores considerados dinámicos en la economía. El segundo plantea que la Universidad tiene que encontrarse a disposición del proyecto de desarrollo nacional entendido, principalmente, en términos de crecimiento económico e inclusión social. Mediante el esquema del “Triángulo de Sábato”, se establece una articulación entre Universidad, Estado y sectores productivos estratégicos. Finalmente, el tercero parte de entender que la Universidad tiene problemas de disfuncionalidad y, en base a esto, se plantea reformular su misión en términos de un “humanismo popular democrático y anticolonialista”, rechazando nociones como modernización, desarrollo o progreso, buscando comprender las contradicciones sociales y, en base a ellas, postulando la necesidad de centrar la articulación con los sujetos sociales subalternizados, en pos de construir alternativas que respondan a sus necesidades.

Es evidente que en los diferentes modos de vinculación de la Universidad y la sociedad se encuentra presente la disputa sobre el sentido social de las prácticas universitarias. Cada uno de estos modelos consolida una forma predominante de entender la Extensión Universitaria, así como sus relaciones y propósitos. Mientras el primer modelo propone una configuración transferencista, subordinado a las necesidades del capital; el segundo, combina una mirada transferencista con la propuesta de “voluntariados”, buscando contener intereses del desarrollo productivo y necesidades de la inclusión social. Por su parte, el tercero, se enmarca en la perspectiva de la Extensión Crítica, que retoma el enfoque freireano y su vocación transformadora de la relación saber-poder, nutriéndose de los procesos emancipatorios Latinoamericanos.

Estos modelos se encuentran intrínsecamente vinculados a las relaciones sociales que atraviesan la Universidad y, cada uno de ellos, representa una forma específica de posicionamiento ético-político. Pero, puesto que las relaciones sociales se encuentran en permanente movimiento, no se trata de diferencias fijas, ni de bloques monolíticos; las propuestas de cada modelo conviven (no sin tensiones) en nuestras Universidades y, por esta razón, consideramos que resulta útil adoptar una definición amplia de Extensión, que permita comprender los diferentes proyectos y fuerzas sociales en pugna, sus contradicciones y articulaciones, puesto que éstas atraviesan la Universidad y forman parte del conjunto del entramado de relaciones sociales desarrollado históricamente.

Como tercer aspecto a considerar en el análisis sobre la diversidad constituyente del proceso social universitario, es necesario incorporar la reflexión sobre los territorios, atendiendo a los espacios que se construyen a partir de estos modos específicos de relaciones entre actores universitarios y sujetos sociales. En este sentido, la Extensión Crítica ha planteado el desafío de territorializar la Universidad haciendo con ello alusión a la necesidad de generar una presencia sostenida en aquellos lugares habitados por la población oprimida y en condiciones de exclusión, con el fin de construir condiciones necesarias para el diálogo de saberes y el desarrollo de acciones que avancen en la transformación de la desigualdad social. Sin embargo, resulta oportuno complejizar esta discusión ya que, en general, cuando se hace referencia al territorio, se lo concibe desde el sentido común como una especie de escenario o receptáculo; un espacio plano sobre el cual se desarrollan los procesos sociales que se pretenden abordar. Esta perspectiva parte de concebir al territorio como algo que existe a priori y presenta una capacidad analítica limitada, siendo discutida, desde hace tiempo, en diferentes espacios, tanto intelectuales como de militancia política y social.

Desde hace algunas décadas, las transformaciones ocurridas en el capitalismo financiero, así como la emergencia de sujetos colectivos como los movimientos sociales, han generado la revalorización de la dimensión territorial en diferentes disciplinas y grupos vinculados con la investigación-acción. En estos ámbitos, se piensa en una concepción del territorio diferente que, para entenderlo, propone analizar las relaciones de poder y dominación, así como también las luchas sociales y resistencias. Es decir, los modos en que las relaciones sociales producen territorios y, a la vez, son producidas por el territorio, originando procesos que, cuando revisten carácter colectivo, pueden ser entendidos como movimientos socioterritoriales y/o movimientos socioespaciales (Fernandes, 2005). En este sentido, el territorio puede ser definido de diversas maneras: como un proceso socioespacial atravesado por relaciones de poder que lo constituyen y transforman en una dialéctica espacial (Sánchez, 1991); como un producto social constituido por múltiples relaciones de poder, que abarcan desde sus manifestaciones materiales y concretas, hasta las cuestiones vinculadas con lo cultural y lo identitario (Haesbaert, 2009); o, también, como un proceso integrado en el entramado de las relaciones sociales y que comprende aspectos materiales y simbólicos (Benedetti, 2017).

Repensar el territorio al que se hace referencia en la Extensión Universitaria es un desafío necesario, no sólo porque esta tarea contribuye a instituir nuevos temas, problemas, sujetos y relaciones (tanto en la Universidad como en la sociedad), sino, también, porque al hacerlo se problematizan las prácticas universitarias y la función social del conocimiento, asumiendo la capacidad creadora de producir nuevos territorios y articular territorialidades contrahegemónicas. En este sentido, es destacable que si bien territorializar la Universidad y sus prácticas resulta una necesidad imperiosa para promover el desarrollo de la Universidad Popular necesaria, puesto que la presencia sostenida en el territorio constituye una condición material indispensable para el desarrollo de los vínculos y relaciones situadas así como de los espacios de diálogo que sostienen el proceso social universitario (Valente Ezcurra, Girado y Migueltorena, 2020), resulta igualmente importante discutir el sentido del territorio que construye -y por el cual es construido- dicho proceso.

Para distinguir analíticamente estos elementos, es apropiado incorporar al estudio del territorio la reflexión sobre las territorialidades, entendidas como intencionalidades, representaciones y acciones que responden a determinadas relaciones sociales de poder. Haesbaert (2009) propone el concepto de territorialidad, para referirse a las estrategias de control que cada actor social establece con respecto a un determinado territorio, aunque dichas estrategias no se reducen únicamente a la intención de generar un dominio efectivo sobre él, sino que también pueden incluir a aquellas prácticas que son guiadas por ciertas concepciones y valoraciones, capaces de atribuirle significados y usos específicos. En consonancia, las territorialidades pueden referirse a dimensiones materiales o inmateriales, suelen ser múltiples y contradictorias.

Siguiendo esta perspectiva, puede entenderse que, así como el territorio es co-producido por las relaciones sociales (a través de un proceso conflictivo, donde intervienen territorialidades múltiples y contradictorias), los modos de relacionamiento del proceso social universitario se caracterizan, además, por el hecho de producir (y ser producidos) por territorios. Entonces, territorializar la Universidad resulta necesario, pero no suficiente: se debe discutir e interrogar sobre qué tipo de territorialidades se están construyendo con las prácticas extensionistas y construir un posicionamiento respecto a qué territorialidades y relaciones de fuerza social se quieren fortalecer. En definitiva, esta perspectiva pone en el centro del análisis al entramado de relaciones sociales y de poder que existen en los territorios, así como las múltiples formas de entender los usos y los significados que se le atribuyen a los lugares.

En este sentido, resulta clave que el incremento de la presencia de las instituciones universitarias en los territorios esté acompañado de un compromiso con aquellas territorialidades que promueven el acceso a derechos, articulándose con usos y significados orientados a transformar las condiciones de vida de la clase trabajadora y, especialmente, de los colectivos considerados de atención preferente debido a que históricamente han sufrido la exclusión. Para determinados sujetos (como movimientos sociales, pueblos originarios, campesinos, sindicatos, cooperativas, colectivos de mujeres y LGBTQNB+, población de barrios populares, etc.), el territorio puede representar un medio indispensable para reproducir su vida y sus condiciones de existencia, mientras que para otros actores (como las grandes empresas, los organismos internacionales, el sector inmobiliario, etc.), es concebido como una fuente de recursos, como un valor de cambio o como un medio que sirve para vehiculizar sus intereses. Por estas razones, la reflexión debe orientarse a preguntar ¿cómo pensar, desde la Universidad Pública, este peculiar proceso social universitario que se constituye a través del vínculo con la sociedad, con las instituciones y organizaciones presentes en los territorios? Y, fundamentalmente, respecto a sus implicancias ético-políticas, pedagógicas, epistemológicas y metodológicas: ¿qué procesos y prácticas promover?, ¿para qué sociedad y qué relaciones sociales?, ¿en qué territorios?, ¿con qué actores o sujetos sociales?, ¿qué territorialidades se fortalecen?

Una estrategia de territorialización de la Universidad que tenga por objetivo transformar las condiciones de vida de los sectores subalternos y cuestionar las relaciones de dominación debe considerar estas disputas de sentido y trabajar para el acceso a derechos a través del fortalecimiento de las prácticas, reivindicaciones ciudadanas y procesos de organización que promuevan territorialidades contrahegemónicas.

Proceso situado de investigación acción participativa sobre el acceso al hábitat urbano y el derecho a la ciudad en Tandil

En cuanto a los métodos, cabe mencionar que a lo largo del tiempo y en las diferentes situaciones de intervención desde una perspectiva de la investigación acción participativa (Fals Borda, 1993), se ha recurrido a diversas técnicas complementarias como la investigación documental, la entrevista y la observación participante (Valles, 1999).

Las fuentes empleadas recuperan tanto antecedentes legislativos y normativos como investigaciones académicas, así como testimonios orales obtenidos a partir de entrevistas a informantes clave protagonistas de experiencias de organización y lucha social. También, se consultaron registros de campo, integrados por notas provenientes de observaciones realizadas en recorridas del territorio y por apuntes de reuniones en espacios de participación comunitaria barrial integrados por instituciones públicas y organizaciones sociales de la ciudad y la región. En consonancia, un aspecto a resaltar sobre las fuentes de información es que algunas de ellas fueron construidas colectivamente durante el proceso de investigación acción participativa de trabajo extensionista territorializado^{^[2]}.

El equipo extensionista fue asumiendo distintas estrategias a lo largo del tiempo, buscando contribuir a la resolución sociocomunitaria de diversas problemáticas socioespaciales, así como a la implementación de políticas públicas. Por un lado, la creación de diversos dispositivos institucionales para abordar integralmente el trabajo en territorio: desde el trabajo en acciones, proyectos y programas de extensión, hasta la curricularización de la extensión mediante prácticas socioeducativas, o investigaciones específicas individuales y grupales a través de becas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de proyectos de investigación orientada. En este sentido, la flexibilidad de formatos institucionales para el abordaje de la cuestión fue resultante de la adaptación a las políticas públicas de la Secretaría de Políticas Universitarias y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), ya sea con financiamiento dirigido a convocatorias de Extensión Universitaria como de Ciencia, Arte y Tecnología. Por otro lado, como estrategia de trabajo también se recurrió a la conformación de grupos motores y mesas de trabajo intersectoriales con organizaciones e instituciones copartícipes para abordar problemáticas de acceso al hábitat y la ciudad.

En 2013 se comenzó a trabajar la problemática de la vivienda a raíz de la intervención en situaciones de ocupaciones de tierras y, particularmente, a partir de la sustanciación de desalojos en los conjuntos habitacionales correspondientes al programa Plan Federal, en el barrio Movediza en Tandil. En este proceso se construyeron vínculos entre estudiantes, graduados, docentes y familias ocupantes del barrio, a partir de los cuales se originó la Asamblea por Tierra y Vivienda. Durante estos años, las relaciones construidas se expresaron en territorialidades de resistencia, de rasgos fragmentados, cuyas estrategias no pudieron sostenerse en el tiempo, logrando resultados parciales en materia de políticas públicas de vivienda y hábitat, tales como subsidios de alquileres sociales, materiales de construcción y gestión de reuniones con el Instituto Provincial de la Vivienda para la resolución del conflicto de ocupación. Luego, en 2015, se logró la adhesión municipal a la Ley Provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, que promovió el fortalecimiento de los vínculos entre la Universidad y organizaciones locales y provinciales. A raíz de ello, se conformaron espacios de participación ciudadana orientados a co-construir una agenda pública para el derecho a la ciudad, destacándose la convocatoria al I y II Foro Local de Acceso al Hábitat, realizados en la UNICEN, con la participación de organizaciones como La Poderosa, Patria Grande, Mujeres sin Techo, Asociación Civil de Docentes de Tandil, Agrupación Madre Tierra (integrante del Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires). Además de las territorialidades de resistencia, en este momento se comenzaron a plantear proyectos políticos más amplios, que buscaban modificar las desigualdades e injusticias socioespaciales, planteando una disputa de las representaciones urbanas por el derecho a la ciudad y la democratización de las políticas públicas de acceso al hábitat.

Posteriormente, desde 2018, comenzó a desarrollarse una nueva experiencia extensionista territorializada en el marco de los Puntos de Extensión Territorial de la Secretaría de Extensión de la UNICEN que modificó el paradigma de intervención del equipo, permitiendo la re-discusión de los objetivos de trabajo junto a la Mesa Barrial de Villa Gaucho, Palermo y Selvetti. Allí se comenzó a articular con organizaciones barriales e instituciones educativas y de salud, así como también con organismos de promoción y defensa de derechos y funcionarios del Estado Municipal, dando origen al Relevamiento sobre condiciones de vivienda y acceso a servicios e infraestructura urbana en los territorios de Villa Gaucho, Palermo y Selvetti (cuyas principales dimensiones de diagnóstico fueron propuestas por estudiantes de la Escuela Secundaria N° 14, quienes también participaron en la realización de encuestas y presentación de resultados). Como resultado de ello se realizó el Festival “Así vive la barriada” que profundizó el involucramiento en conflictos socioterritoriales a escala barrial.

Durante 2020 y 2021 la coyuntura de la pandemia de Covid 19 recrudeció algunos conflictos socioterritoriales que modificaron la dinámica con la que venía funcionando la Mesa Barrial de Villa Gaucho, Palermo y Selvetti, jerarquizándose el problema del acceso al hábitat urbano y la ciudad. Así fue que se fortalecieron las articulaciones entre organizaciones sociales en el marco de distintas mesas barriales y de la coordinación intermesas barriales, permitiendo vehiculizar demandas por políticas públicas al Estado Municipal. Además, el trabajo conjunto del equipo de extensión con las Defensorías permitió conformar una Mesa Regional y, posteriormente, el Programa Integral de Extensión Acceso Justo al Hábitat en la región centro de la provincia de Buenos Aires, que representó un salto cualitativo ya que, además de continuar trabajando en Tandil, se intervino en las localidades de Azul y Olavarría, ampliando el equipo motor y requiriendo un arduo trabajo para acordar perspectivas de abordaje integrales, interdisciplinarias y situadas. En el marco de este programa, en 2022 se comenzó a trabajar en la ciudad de Tandil en conjunto con la Mesa Barrial de Villa Aguirre y San Cayetano, en el predio Tarraubella (una ocupación de larga data que comprendía un edificio y su terreno colindante donde residían 20 familias), llevando a cabo intensas gestiones para acceder a un Programa de Mejoramientos de Barrios, perteneciente a la Subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires (actualmente en ejecución). Allí se logró conformar la mesa de trabajo por el mejoramiento del Tarraubella con participación de pobladores, organizaciones barriales, instituciones públicas, funcionarios del Estado Municipal, Provincial y Nacional y organismos de defensa de derechos. Además, se intervino en acompañamiento de la Defensa Pública frente a la emergencia de un conflicto socioterritorial generado por una nueva experiencia de ocupación de tierras en el barrio La Movediza, siendo parte de una mesa interinstitucional que buscó soluciones alternativas al conflicto.

En 2024, ante la finalización de la vigencia del Programa Integral de Extensión, el equipo motor buscó prolongar su duración, pero no fue posible, dado que no se abrieron nuevas convocatorias y, a pesar del pedido de los actores copartícipes, tampoco estuvo la voluntad de la gestión para una prórroga sin financiamiento. Esto llevó a enmarcar el trabajo en una convocatoria de Proyectos Interdisciplinarios Orientados, dando continuidad a las acciones de promoción de derechos junto a las Defensorías intervinientes en la implementación de políticas públicas de acceso justo al hábitat y de integración sociourbana. Estas estrategias de trabajo en red permitieron ampliar tanto la escala de intervención territorial del equipo como las capacidades de incidencia en materia de implementación de políticas públicas, logrando participar en el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat en representación de la UNICEN y expresando una reconfiguración de las relaciones y territorialidades que generó ciertas tensiones institucionales al interior de la Universidad, a la vez que fortaleció la vinculación con organismos abocados a la promoción y defensa de derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Sentipensares desde una experiencia de investigación acción participativa: desafíos y perspectivas para la Extensión Universitaria

Este último apartado propone profundizar la reflexión sobre la experiencia del equipo, considerando principalmente las transformaciones en el proceso social universitario resultantes de la acción extensionista territorializada, atendiendo tanto a los vínculos entre Universidad y sociedad, como a los modelos de prácticas universitarias y a los territorios y territorialidades desarrollados en dicho proceso.

Retomando la discusión teórica inicial respecto a la forma de pensar las especificidades e implicancias de la Extensión Universitaria, resulta necesario diferenciar entre los modos de relacionamiento y los tipos de relaciones y prácticas que acontecen en el territorio. Esto implica comprenderlos en su diversidad constitutiva, pero también en sus múltiples y contradictorias intencionalidades y sentidos que emergen en diversos conflictos por el acceso al hábitat urbano y la ciudad, a través de la acción colectiva, la lucha social y las relaciones sociales que las sustentan.

Esta perspectiva de intervención territorializada requiere debatir de manera situada, participativa y democrática una serie de cuestiones que configuran la praxis extensionista: ¿qué problemas trabajar?, ¿qué relaciones sociales y saberes promover?, ¿con qué sujetos sociales privilegiar el vínculo?, ¿para la construcción de qué territorios y territorialidades? No alcanza sólo con identificar los diferentes tipos de relaciones de poder y de fuerza social en disputa; además, es necesario reconocer las tensiones y contradicciones (latentes y emergentes), así como sus representaciones, apuntando a visibilizarlas y construirlas en un problema de intervención colectiva, de conocimiento y de participación.

Uno de los desafíos para avanzar en la institución de estas discusiones al interior de la comunidad universitaria es la disputa por asumir la territorialización de la Universidad Pública como un posicionamiento ético, político e institucional, con implicancias respecto a las prácticas, territorialidades y valores que se pretenden fortalecer a través de la Extensión Universitaria. En este sentido, la territorialización de la Universidad es una condición importante en la búsqueda de promover prácticas de intervención situadas y con capacidad de sostenerse en vínculos y relaciones que perduren a través del tiempo, alejándonos, así, de las presencias fugaces producidas por actividades aisladas y avanzando en procesos de articulación social e institucional. Pero no es suficiente.

Para el desarrollo de una Extensión Crítica que pueda contribuir al acceso a derechos de la ciudadanía y al fortalecimiento de políticas públicas de hábitat urbano y ciudad, tanto sujetos sociales como su trama de relaciones deben ser entendidos en una complejidad social contradictoria, identificando las intencionalidades y territorialidades en pugna y tomando posición respecto a ellas. En consecuencia, resulta fundamental profundizar las discusiones en torno a los sujetos sociales, las relaciones y los vínculos que se buscan impulsar, apuntando a consolidar experiencias de intervención capaces de fortalecer la potencia transformadora de sujetos y organizaciones sociales que promueven territorialidades alternativas, prácticas colectivas que construyen el acceso a derechos a partir de privilegiar el bien común y el valor de uso de los territorios, por sobre el individualismo y el valor de cambio del suelo urbano, la vivienda y la ciudad (Tommasino, 2024).

Otro desafío importante es la dimensión relacional del proceso social desarrollado a través de la Extensión Universitaria, constituido por aspectos pedagógicos, ontológicos, epistemológicos y metodológicos involucrados en las relaciones de co-construcción de conocimiento. Concretamente, respecto a los posicionamientos ético-políticos, pero también sobre los modos de relación que sustentan estas experiencias de diálogo de saberes, puesto que, en estas discusiones, se construyen condiciones de posibilidad y de participación-acción colectiva en torno a las relaciones saber-poder. Entre ellas, podemos mencionar las formas de definir los temas y objetivos de trabajo, la capacidad de acompañar conflictos urbanos y demandas ciudadanas emergentes, el lugar que tiene la participación comunitaria y las redes de trabajo territorial en la definición y desarrollo de las acciones, la capacidad de incidir en el desarrollo de políticas públicas, la comunicación popular de los procesos de trabajo comunitario y sus resultados, entre otras. Al momento de analizar la experiencia del equipo extensionista encontramos ejemplos de este proceso en los inicios de la trayectoria de intervención en materia de acceso al hábitat, cuando la perspectiva de trabajo respondía al acompañamiento de demandas por políticas públicas urbanas, con territorialidades de resistencia y formas de organización democráticas impulsadas por distintas organizaciones sociales y políticas.

De este modo, la metodología de trabajo del equipo comenzó a orientarse al diálogo de saberes y la co-construcción de diagnósticos participativos sobre la situación de la problemática habitacional, impulsando diferentes espacios de debate y talleres de diagnóstico participativo donde comenzaron a gestarse nuevos vínculos entre la Universidad y las organizaciones sociales, con mayor articulación y posicionamiento público en temas de agenda urbana. Este proceso se fortaleció gracias al vínculo con instituciones y organizaciones sociales que tenían anclajes situados y redes de trabajo en el territorio, ya que fue una territorialización que habilitó el surgimiento de nuevos espacios destinados a impulsar experiencias de co-construcción de conocimiento sobre problemáticas establecidas a partir de las prácticas, sentidos y deseos de la comunidad. Ejemplifican estos planteos los resultados del relevamiento sobre condiciones de acceso al hábitat en los barrios Villa Gaucho, Palermo y Selvetti publicados en la Revista Hábitat en Tandil y los talleres de cartografía social con pobladores de Tarraubella, cuya síntesis fue publicada en un informe que sirvió para recuperar la voz de quienes habitan en el lugar, considerado para planificar las obras financiadas por la Subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires.

Al observar a los sujetos sociales en su entramado de relaciones, se puede identificar que, en estos cambios de la dinámica de funcionamiento, en los problemas y conflictos abordados, emergen algunos elementos que permiten poner en cuestión el proceso social universitario y, más específicamente, el acceso al hábitat urbano, pugnando por el derecho a la ciudad. Recuperando algunos de los debates surgidos al momento de analizar nuestra experiencia colectiva es que destacamos el lugar fundamental ocupado por el involucramiento en conflictos urbanos. Por un lado, este involucramiento fue cambiando la intencionalidad de la intervención, en busca de fortalecer las demandas ciudadanas y sus agendas, así como las organizaciones sociales, sus articulaciones y las redes de trabajo en territorio. Por otro lado, tuvo un efecto amplificador de las tensiones presentes al interior de la Universidad, dando cuenta de la existencia de límites para la acción extensionista crítica y transformadora de las desigualdades. Para dar cuenta de estos procesos, recuperamos tres experiencias de lucha social urbana por acceso al hábitat y la ciudad que hemos acompañado recientemente.

Desde la pandemia de Covid 19 a la actualidad, hemos visto como se recrudecieron en Tandil los conflictos socioterritoriales vinculados al (in)acceso al hábitat y la ciudad. Uno de los conflictos en los que intervenimos fue el cierre del Centro Cultural y Deportivo Limache, como consecuencia de que el Ejecutivo municipal no renovó el contrato de alquiler del predio en el que funcionaba el Limache; esto significó el cierre del espacio sin previo aviso y la relocalización de las actividades en otros lugares de la ciudad. El predio pasó a ser alquilado por la iglesia evangelista La Roca, modificando el funcionamiento de las actividades culturales y deportivas. Tanto la dinámica de la Mesa Barrial como la trama de relaciones comunitarias se vieron atravesadas por este conflicto, a raíz de la pérdida de uno de los pocos espacios verdes públicos, un lugar apropiado y simbólicamente representativo de la sociabilidad e identidad barrial para cuya recuperación se realizaron asambleas barriales, movilizaciones al Municipio y reuniones con funcionarios públicos donde se plantearon demandas al gobierno municipal y se impulsó la presentación de un Proyecto de Ordenanza Municipal para la Creación del Programa Social y Deportivo Limache.

Otro conflicto fue a causa de un intento de desalojo de una experiencia de ocupación colectiva que se produjo durante la pandemia de Covid 19, en un predio ubicado en el barrio Palermo. La intervención en este conflicto permitió establecer articulaciones con organismos abocados a la defensa de derechos vulnerados (Defensoría del Pueblo de Tandil, Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y Defensoría Pública del Departamento Judicial de Azul). Finalmente, el conflicto más reciente fue por una ocupación colectiva de tierras en el barrio La Movediza de Tandil, donde participaron más de 130 familias, judicializadas frente a la denuncia de un particular damnificado. A raíz de ello, intervenimos para solicitar la implementación de la Resolución Nº707/19 de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que establece un protocolo para abordar las ocupaciones de inmuebles realizadas por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad. Alcanzado este objetivo, se participó de la Mesa Interinstitucional, una instancia que aglutinó a los diferentes actores involucrados en el conflicto para intentar alcanzar una solución alternativa al desalojo, llevando a cabo un relevamiento de las condiciones de vida de las familias ocupantes que permitió constatar las situaciones de vulneración y elaborar informes técnicos (presentados en la causa). A su vez, desde el equipo se realizaron distintas jornadas de promoción de derechos en el predio ocupado y, de manera simultánea, se buscó sostener una lectura alternativa en la opinión pública acerca de los conflictos de acceso al hábitat, jerarquizando la necesidad de evitar el agravamiento en la vulneración de derechos.

Un aspecto común de estas intervenciones es que fueron experiencias que permitieron fortalecer la territorialización de las redes de organización comunitarias, desde territorialidades de resistencia, pero, también, desde ciudadanías insurgentes que pugnaban por el ejercicio pleno de derechos. A su vez, destacamos la sinergia de la articulación intersectorial (Mesa Barrial, Defensorías, equipo de extensión) que permitió presentar en la opinión pública una visión alternativa de las causales de los conflictos urbanos desde una perspectiva de derechos, oponiéndose al discurso monolítico y punitivista que planteaban los funcionarios del Municipio y otros actores con gran presencia en los medios de comunicación locales.

Fue la territorialización de relaciones con organizaciones sociales lo que generó una transformación en las estrategias, que se orientaron a acompañar diversos conflictos socioterritoriales emergentes, incorporando instancias de definición colectivas como mesas intersectoriales, redes de trabajo y espacios de asambleas barriales con participación de organizaciones sociales, instituciones, movimientos políticos y vecines. A su vez, esto demandó el desarrollo de diversas acciones de movilización social, participación comunitaria, co-construcción de conocimiento, comunicación pública de la información, presentación de informes en causas judiciales e instancias de discusión y negociación con funcionarios municipales e incluso, de posicionamiento institucional respecto a los conflictos.

Si bien parte de estas acciones contribuyeron a visibilizar y legitimar reclamos ciudadanos por acceso a derechos, su desarrollo fue un proceso conflictivo en sí mismo, puesto que implicó la redefinición de los paradigmas de intervención de muchas de las instituciones y organizaciones copartícipes y, también, de la Universidad. Al interior de nuestra casa de estudios, la territorialización de las intervenciones de Extensión Crítica hizo emerger tensiones en el entramado de relaciones con el Estado, principalmente a escala Municipal, buscándose limitar el desarrollo de las acciones públicas del equipo y cuestionando brindar el apoyo -mediático e institucional- de la Universidad a intervenciones en conflictos urbanos.

Aportes finales

Los argumentos desarrollados buscan dar cuenta de una experiencia de trabajo extensionista y de la perspectiva teórico-política que, en parte, sustentó el trabajo, y en parte, fue producto de la reflexión colectiva durante el transcurso del proceso social universitario transitado. Al mismo tiempo, pretenden constituirse en un aporte a los debates en torno a la conceptualización de la Extensión, la territorialización de la Universidad, la forma y el lugar desde donde pensar y articular con los sujetos sociales y, de modo más general, sobre la Universidad Pública en Argentina y su proceso de transformación.

En este sentido, si se entiende a la Extensión de una manera amplia como proceso social universitario y se concibe a la Universidad como un campo de disputa con potencialidades y limitaciones, territorializar la Universidad requiere poner en el centro del debate las implicancias ético-políticas, pedagógicas y epistemológicas de las vinculaciones y prácticas en los territorios, asumiendo las contradicciones y la conflictividad inherente a todo proceso social. En momentos donde las Universidades Públicas Nacionales se encuentran bajo asedio para subordinarlas aún más a las necesidades y lógicas del capital globalizado, donde las prácticas contrahegemónicas y contestatarias a la dominación imperante tienden a ser atacadas y silenciadas, se evidencia la necesidad de construir masa crítica y avanzar en el desarrollo de políticas públicas que se articulen con estrategias de gestión universitaria orientadas a la territorialización de la Universidad para promover el acceso a derechos junto a las instituciones y organizaciones sociales presentes en los territorios.

Comprender el trabajo extensionista desde esta concepción implica pensar el vínculo con los sujetos sociales con los que se articulan esfuerzos desde ese entramado de relaciones sociales, que asumen sus características particulares en los distintos territorios. Territorializar la universidad requiere poner énfasis en el proceso de construcción de sujetos sociales con quienes se desarrolla la acción, tanto al interior de la comunidad universitaria, como en el conjunto de la sociedad, a partir de reconocer las tensiones y el tipo de relaciones que se buscan construir. Además, hay que considerar que la intervención de la universidad puede ocupar un rol clave en el fortalecimiento de políticas públicas y en el acceso a derechos de la ciudadanía, sobre todo, en contextos de creciente desigualdad socioespacial como el actual.

Resulta evidente que la discusión sobre los sujetos y, particularmente, sobre los paradigmas de intervención y los modos de relacionamiento que se generan en el proceso social universitario impulsado por la Extensión, exigen un abordaje capaz de visibilizar las tensiones existentes y de actuar sobre ellas, construyendo posicionamientos ético-políticos que sirvan de guía para dar estos debates y asumir el desafío de construir las relaciones de fuerza necesarias para instituir nuevas prácticas que avancen hacia la Universidad Popular que nuestros pueblos necesitan. Es preciso tomar distancia de las propuestas con sesgo paternalista o meramente humanista, que apuntan a trabajar con los sectores excluidos en pos de aliviar sus sufrimientos, pero no para transformar las condiciones estructurales que reproducen su exclusión. Fijar el punto de partida en la territorialización como forma de construir otras relaciones socioespaciales implica poner en foco el proceso de dominación-subalternización, entendiendo que es en su compresión y en el posicionamiento ético-político respecto a este donde se inicia el camino de la transformación. Ello resulta aún más imperioso en el actual escenario de reflujo en la relación de fuerza de las clases populares y de avanzada reaccionaria. No existe posibilidad de equidistancia ni de neutralidad valorativa, sin que ello signifique aquiescencia y transformismo (Gramsci, 1995) y, por ende, se abone a una derrota histórica cuyas consecuencias todavía no se pueden vislumbrar. En esta clave se requieren dirigencias políticas y universitarias que se encuentren dispuestas, a pesar de las críticas y el hostigamiento, a reconstruir entramados comunitarios que puedan fortalecer territorialidades contrahegemónicas y sujetos alternativos, insurgentes y contestatarios, porque es desde allí que renacerá una esperanza de futuro.

Al momento de discutir quién es el sujeto que, desde los diferentes territorios, protagoniza este proceso social, se presentan varias dificultades. Es lógico que una definición taxativa no resultaría de ninguna utilidad, puesto que se presentan realidades muy diversas. Sin embargo, es necesario un sentido prospectivo que sirva de guía y fije los horizontes de intervención generados por la Extensión Universitaria. En este sentido, para establecer estos posicionamientos, no sólo es necesario tener en cuenta la negatividad (representada en la condición de carencia o de víctima de la población oprimida e históricamente postergada), sino que, además, es necesario establecer positividades (que permitan elevar al plano principal del análisis las intencionalidades alternativas, las relaciones de fuerza social y la voluntad de transformación de sujetos y organizaciones sociales con redes de trabajo territorial).

La experiencia extensionista desde la que se parte permite considerar que, para definir a los sujetos, resulta indispensable situarnos en las relaciones sociales y analizar las diferentes intencionalidades que son sostenidas por la acción de los sujetos y que se expresan mediante territorialidades contradictorias, que pugnan por atribuirle significados y usos a los espacios en los cuales transcurre la vida cotidiana de la comunidad. En este sentido, resultó fundamental identificar cuáles de esas territorialidades se orientaban a experiencias alternativas con una vocación transformadora de las relaciones sociales de dominación y, a partir de allí, contribuir mediante nuestra intervención a fortalecer a aquellas intencionalidades que planteaban estrategias colectivas y acciones articuladas para la promoción y protección de derechos. Pero, además, esta praxis, en su sentido dialéctico, habilitó la posibilidad de transformar las relaciones sociales al interior de la universidad pública, generando la oportunidad de fortalecer perspectivas de intervención integrales, de acceso a derechos y comprometidas con la transformación de las desigualdades sociales y las relaciones de dominación y expoliación que distinguen a las ciudades y a la sociedad capitalista en la actualidad.

Referencias

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Biografía de autores/as:

Dana Valente Ezcurra. Profesora y Licenciada en Historia (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires). Mgter. en Ciencias Sociales (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires). Doctora en Ciencias Sociales (Universidad Nacional de La Plata). Co-coordinadora del Programa de Extensión Observatorio Social en la Facultad de Ciencias Humanas (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires). Becaria Postdoctoral del CONICET. Directora e integrante de equipo en diversos proyectos de extensión universitaria.

Alejandro Migueltorena. Profesor y Licenciado en Geografía (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires). Doctor en Geografía (Universidad Nacional de La Plata). Investigador Asistente del CONICET. Profesor Adjunto del Departamento Epistemológico Metodológico, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Marcelo Righetti. Licenciado en Relaciones Internacionales (FCH-UNICEN). Diplomado en Extensión e Integralidad en las Universidades Públicas (UNICEN). Maestrando en Ciencias Sociales (FCH-UNICEN). Profesor Ayudante. Coordinador del Observatorio Social (FCH-UNICEN). Autor de artículos sobre extensión universitaria. Director de proyectos de extensión e integrante de diferentes equipos extensionistas.

Agustina Girado. Licenciada en Antropología Social (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires). Doctora en Antropología (Universidad de Buenos Aires). Investigadora Asistente del CONICET. Profesora Adjunta del Departamento de Antropología Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

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[1] Tandil es una aglomeración de tamaño intermedio, cabecera del partido homónimo, ubicada en el sureste de la provincia de Buenos Aires, Argentina.

^{^[2]} La co-construcción de información sobre el acceso al hábitat urbano y derecho a la ciudad en Tandil involucró a diferentes organizaciones e instituciones copartícipes en intervenciones enmarcadas por Proyectos y Programas de Extensión Universitaria. Entre ellos, el Proyecto de Voluntariado Universitario “II Foro Local de Acceso al Hábitat en Tandil” (SPU, 2016-2018); el Proyecto de Extensión “Hábitat y derecho a la ciudad: metodologías participativas, diagnóstico de problemas y articulación territorial” (UNICEN, 2018-2019); el Proyecto de Extensión “Derecho a la Ciudad y metodologías participativas” (UNICEN, 2020-2021); y el Programa Integral de Extensión “Acceso justo al hábitat en la región del centro de la provincia de Buenos Aires” (UNICEN, 2022-2023). Asimismo, el último año se trabajó en el Proyecto de Investigación Orientada “Conflictos urbanos, políticas públicas de acceso al hábitat y procesos de integración socio urbana en la ciudad de Tandil. Un análisis crítico de las experiencias de La Movediza I y Tarraubella” (UNICEN, 2024).